El panorama mediático tunecino se ha diversificado desde la revolución de 2011. Sin embargo, la crisis económica ha debilitado la independencia de numerosas redacciones, sometidas a intereses políticos o económicos. Los partidarios del presidente Kais Saied han ocupado un lugar preponderante en los medios de comunicación, imponiendo un discurso a su favor. Las presiones sobre la prensa crítica para imponer la versión oficial son cada vez más fuertes y llegan a implicar la suspensión de medios. Si bien la cobertura de temas políticos se ha reducido considerablemente en casi todo el espectro mediático, la emisora de radio Diwan FM logra mantener un tratamiento pluralista y crítico de la actualidad. Los podcasts y debates de Alqatiba, Rachma y Nawaat ganan audiencia, y la web de información francófona Business News se impone también como alternativa en un espacio mediático cada vez más limitado. La televisión es el medio más seguido por delante de la radio, donde destaca el liderazgo de Mosaïque FM. La prensa digital tiene una gran audiencia, mientras que la prensa escrita está perdiendo fuelle.

La crisis política que sacude al país y el compromiso ambiguo de Kais Saied con la libertad de prensa están teniendo importantes consecuencias. Desde su llegada al poder en octubre de 2019, el palacio presidencial de Cartago ya no recibe a los periodistas, a pesar de las protestas del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT). Desde 2021, el panorama mediático está dominado por un discurso uniforme favorable al presidente, a pesar de la resistencia de algunos medios. Tanto en 2024 como en 2025, el presidente de la república ha llegado a convocar a los medios públicos para incitarlos a participar en lo que denomina “la guerra de liberación nacional” y concentrarse en cuestiones relevantes para la ciudadanía, según su propia narrativa.

La nueva constitución de julio de 2022, que otorga al presidente una amplia potestad legislativa en detrimento de los contrapoderes existentes hasta entonces, ha puesto en peligro la separación de poderes y supone una seria amenaza para los logros de la revolución tunecina en materia de libertad de prensa. El deterioro de la independencia del poder judicial hace temer que su interpretación de las restricciones pueda servir a intereses políticos so pretexto de supuestos imperativos de seguridad. Por otro lado, la justicia tunecina sigue adoptando decisiones basadas en leyes de la época de Ben Ali, en lugar de apoyarse en los decretos ley de 2011, más favorables a la libertad de prensa. En este contexto de deterioro del clima político, el decreto ley 54 de septiembre de 2022, destinado supuestamente a combatir las "informaciónes falsas", representa también una nueva amenaza para la libertad de prensa en el país.

Los medios dependen de los anunciantes privados, que a veces poseen parte de su capital, y pueden ser próximos al entorno político. Este contexto amenaza la independencia editorial de las redacciones. Los ingresos publicitarios también están vinculados legalmente a las audiencias, cuyo cálculo está poco regulado y es controvertido. Por último, el modelo económico de los medios escritos, basado en las suscripciones, la publicidad y las ventas está en claro declive por el descenso de éstas y la contracción del mercado publicitario. La falta de soluciones económicas sostenibles también ha llevado a varias cadenas privadas a resignarse a emitir contenidos dedicados en gran medida a la venta, en detrimento de la información.

Los defensores del presidente de la república utilizan regularmente las redes sociales para lanzar campañas de desinformación, desacreditar a la prensa y sembrar desconfianza y confusión entre los electores. La violencia verbal contra los medios se ha disparado durante los últimos años.

Las intimidaciones y el acoso a los periodistas se normalizan en Túnez, donde los profesionales de los medios son detenidos y procesados por su trabajo o incluso por manifestar su solidaridad con sus compañeros. En 2024, más de diez periodistas fueron procesados por ejercer su trabajo –una cifra récord–, entre ellos Mourad Zaghdidi, detenido desde el 11 de mayo de 2024.