Las emisoras de radio y cadenas de televisión son los medios más seguidos en Filipinas y, de entre todos ellas, las cadenas del grupo GMA concentran a cerca de un 50% de la audiencia. Su gran competidor, ABS-CBN, cuya licencia de difusión fue anulada en 2020, mantiene sus emisiones gracias a su creciente presencia en Internet. La prensa escrita está perdiendo fuelle, aunque el Philippine Daily Inquirer se mantiene como un diario de referencia, impulsado principalmente por su versión online, Inquirer.net. El digital Rappler, fundado en 2012 por la premio Nobel de la Paz Maria Ressa, ha sabido hacerse con una audiencia estable tanto en su web, como en las redes sociales. Las publicaciones regionales sufren para sobrevivir, como le sucede también a grandes cabeceras del país, como Sunstar Baguio, en el norte de Filipinas, o Visayan Daily Star, en el centro del país.

La presidencia de Rodrigo Duterte, entre 2016 y 2022, estuvo marcada, entre otras vulneraciones, por una oleada de acciones judiciales contra los medios considerados demasiado críticos con el Gobierno, que ha afectado de forma duradera al panorama mediático. A pesar del cambio de administración, las autoridades bajo el mandato de Ferdinand R. Marcos Jr. siguen recurriendo al “red-tagging” o “etiquetado comunista”, una práctica heredada de la Guerra Fría que consiste en estigmatizar a los periodistas que no siguen la línea del Gobierno, calificándolos de “elementos subversivos”, o incluso de “terroristas”. Así, varios periodistas de Altermidya, una red de medios independientes dedicada a la defensa de los sectores más marginados de la sociedad filipina, son objeto de acusaciones inventadas que los vinculan con actividades de “terrorismo”.

La Constitución de 1987 garantiza la libertad de prensa, pero, en la práctica, el derecho filipino no protege el libre ejercicio del periodismo. Las acusaciones de difamación, previstas en el Código Penal, se utilizan habitualmente de forma indebida para perseguir injustamente a los periodistas y amenazarlos con penas de hasta seis años de prisión, lo que genera un clima de autocensura. En Internet, las imputaciones de difamación se regulan mediante una ley específica, la Ley de Prevención de Delitos Informáticos, que prevé penas de prisión aún más severas. El Gobierno también instrumentaliza varias leyes relativas a la propiedad de los medios de comunicación o a la fiscalidad para acosar a los medios críticos, como ha sido el caso de la web de noticias Rappler.

Tradicionalmente alta en el país, la concentración de medios se ha agravado en los últimos tiempos. Este fenómeno se acompaña de una gran cercanía entre las familias dirigentes y los barones políticos, a nivel nacional y regional. Al duopolio formado por ABS-CBN y GMA se suma un tercer coloso de las comunicaciones, el grupo Villar, propiedad de la familia del mismo nombre, abiertamente afín al clan del presidente Duterte. Aún más preocupante es la creciente influencia del primo del actual presidente Marcos, Martín Romualdez, que ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Representantes. Su empresa, Prime Media, propietaria del periódico Manila Standard, creó una sociedad conjunta con la compañía de radio ABS-CBN para ganar aún más influencia. En este contexto, Internet y las redes sociales ofrecen un espacio de libertad para numerosos medios independientes, pese a que su precariedad económica amenaza su viabilidad.

La fuerte polarización política de la sociedad filipina es un caldo de cultivo perfecto para la desinformación, que satura el espacio informativo del país. Las redes sociales, especialmente propicias para la difusión de contenidos engañosos, están saturadas de cuentas ficticias que difunden masivamente información falsa e influyen en las conversaciones en línea. La campaña de las elecciones generales de 2025 puso de manifiesto la magnitud del problema: según Cyabra, una empresa especializada en el análisis de la desinformación, hasta el 45 % de los debates en redes sociales sobre las elecciones procedían de cuentas no auténticas, como bots y perfiles falsos.

Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, como prueba la masacre de 32 reporteros en Maguindanao, en el sur del país, en 2009. Lo peor es que la impunidad de estos crímenes es casi total. Para combatirla, el gobierno creó, en 2016, una Fuerza Especial Presidencial sobre la Seguridad de los Medios, pero este órgano interministerial se ha revelado incapaz de detener el círculo vicioso de la violencia contra los periodistas. En las regiones del país, numerosos periodistas son el blanco de amenazas y persecuciones. Las violencias específicamente ligadas al género se ceban con las mujeres: amenazas de violación, ciberacoso, revelación de datos personales, etc.